Cuando se mira el mapa del mundo hay pocos países que defiendan el “secreto” de las transacciones realizadas por ciudadanos extranjeros como excusa para no intercambiar información con sus pares.

Panamá estuvo entre estos países cuando, hace unos años, defendimos que no debíamos estar en la lista hecha por la OCDE por temas de soberanía y principios libertarios que, con el tiempo, ni nosotros mismos pudimos sostener.

Este debate debió quedar atrás, muy atrás y debimos entrar en el siglo 21 sabiendo que es necesario para cualquier fisco identificar el impacto fiscal de las transacciones ocurridas más allá de sus fronteras.

A diferencia nuestra, que en el quinquenio pasado nunca auditamos en forma seria, Colombia parece estar interesada en mejorar su cobro tributario usando la información que pueda reposar en nuestro país.

¿Es esto algo equivocado?  La línea editorial de este periódico considera que no lo es y que es el justo derecho de todo fisco acceder a la información que le permita recaudar en forma efectiva su base tributaria. A esta premisa agregamos que tenemos pocas razones para negar a nuestros vecinos lo que ya le hemos dado a Groenlandia, Islandia, Vietnam, una tal Isla Faroe y otra pléyade de países cuya conexión con Panamá es nula o costaría mucha imaginación poder encontrarla.

La total ausencia de transparencia de la administración anterior nos hace imposible creer la posición de nuestro país porque nada le creemos a quien fue director de ingresos en el quinquenio anterior.  De esta forma, no sabemos si la posición colombiana carece de los supuestos avisos que ellos alegan.

Lo que sí sabemos es que la coyuntura actual nos da la oportunidad de hacer más que sólo negociar con Colombia.  La coyuntura actual nos da la oportunidad de setear nuestra política pública frente a esta y todas las demás listas negras que por ahí circulan.  Esta política, una vez esbozada, debe plasmarse en un modelo de tratado de información tributaria y modelo de tratados de doble imposición.  Ambos documentos deben ser el reflejo de la política pública que nuestro país debe esbozar.

Confiamos que nuestras autoridades vean esta coyuntura como una oportunidad que se les presenta para definir lo que, luego de muchos tratados tributarios firmados, aún no tenemos: Una política pública sobre las listas negras y las peticiones de firma de tratados tributarios o de intercambio de información fiscal.

(Lea editorial anterior).